El procedimiento de tutela laboral se aplica respecto de las cuestiones suscitadas durante la relación laboral o con ocasión del despido, y que afecten derechos consagrados en la Constitución Política de la República, cuando tales derechos resulten lesionados por el ejercicio de las facultades del empleador. Esto se producirá cuando el empleador limite el pleno goce de aquellos, sin justificación suficiente, en forma arbitraria o desproporcionada o sin respeto a su contenido esencial. Por tanto, se pretenden evitar los abusos o excesos de la potestad de mando propia del empleador.

Bajo este nuevo procedimiento se protegen, entre otros, los derechos a la vida; a la integridad física y psíquica (incluyendo situaciones de hostigamiento psicológico o mobbing); a la intimidad y respeto a la vida privada; al honor; a la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada (como es el caso del monitoreo de correos electrónicos); a la libertad de conciencia, la manifestación de las creencias y el libre ejercicio de todos los cultos; la libertad de expresión, opinión e información sin censura previa; la libertad de trabajo y contratación laboral (por ejemplo las cláusulas de no competencia una vez extinguida la relación laboral). Además por este medio es posible deducir los reclamos por igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres de acuerdo a la nueva ley de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres.

Para estos efectos, el procedimiento a aplicar es el del juicio ordinario laboral, mediante audiencias preparatoria de juicio y audiencia de juicio propiamente tal, otorgándose facultades cautelares importantes al Tribunal, el que en su primera resolución puede hacer cesar de forma inmediata los efectos del acto que afecte las garantías, bajo sanción de multa. Asimismo es importante considerar las consecuencias en caso de acogerse una denuncia de esta naturaleza. La sentencia que se dicte deberá declarar si se han afectado o no derechos fundamentales del trabajador, y en caso de haber ocurrido, tomar las medidas necesarias para restablecer los mismos, incluyendo las medidas concretas que el infractor debe adoptar, las multas que se aplican y el envío de una comunicación a la Inspección del Trabajo, para que forme un registro de los infractores y sus conductas. En casos recientes, una de las medidas adoptadas para restablecer los derechos de los trabajadores, ha sido ordenar la modificación del reglamento interno a fin de dejar sin efecto alguna prohibición inconstitucional, o insertar un extracto de la sentencia en el mismo.

Ahora, la sanción más severa se produce respecto del despido que se efectúa con infracción de estas garantías, por cuanto, además de las prestaciones indemnizatorias normales y de las medidas ya indicadas precedentemente, se impone una indemnización adicional equivalente a un monto entre seis a once remuneraciones. Con todo, si el despido es calificado como discriminatorio y grave, el trabajador podrá optar entre las indemnizaciones o su reincorporación, caso en el cual el despido queda sin efecto y se deben pagar las remuneraciones por el tiempo intermedio.